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El bicentenario de la Policía Nacional inicia sus actos de celebración situando su origen en la Real Cédula de 13 de enero de 1824. Este documento creó la Superintendencia General de Policía del Reino recién iniciado el período de absolutismo represivo tras la sarcástica traición de Fernando VII: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”.
Durante aquellos años, los liberales fueron detenidos, encarcelados, torturados y asesinados. Diego Muñoz-Torrero, presidente de las Cortes de Cádiz y rector de la Universidad de Salamanca, sufrió estas penas y vio truncados sus ideales. Aquel momento histórico no pudo ser más tenebroso, así que deberíamos recordarlo antes de reivindicar un presente distinto y un futuro prometedor.
El orden público de la España constitucional estuvo marcado por el militarismo hasta el último cuarto del siglo XX. A partir de la Constitución de 1978, la Policía española se democratiza y orienta su labor a la protección de los derechos y libertades de las personas. Su desempeño en estas décadas de democracia ha sido sobresaliente y ha transformado en positivo la percepción social de los uniformados, como corresponde en un Estado de derecho.
Resaltar esta positiva imagen pública de las mujeres y hombres de los cuerpos y fuerzas de seguridad es un deber patriótico irreprochable. También la Guardia Civil merece el mismo reconocimiento, pues sus efectivos contribuyen en labor complementaria de respeto de la ley, base primera de la convivencia y la confianza en las instituciones.
Una mirada al futuro
¿Cómo convertir una efeméride en la oportunidad de proyectar las próximas décadas ejemplares de la Policía en España? La ocasión es perfecta para reflexionar y debatir sobre el futuro de las funciones policiales. Estos debates se están planteando hace años en las democracias más avanzadas (Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo), con propuestas dignas de ser consideradas.
La tendencia creciente a la utilización de algoritmos y aplicaciones de inteligencia artificial en la Policía predictiva es una cuestión de gran importancia. Además de las necesarias garantías de derechos y libertades frente a sus sesgos, conviene advertir que lo más importante para un buen servicio a la ciudadanía son las personas, no las máquinas, así que la pérdida de criterio humano podría producir efectos muy negativos en la misión constitucional de la Policía.
Expertos internacionales han señalado la conveniencia de priorizar un enfoque del cuidado de la gente, en lugar de la policía abstracta e impersonal de las nuevas tecnologías. La inversión más rentable es la formación de quienes patrullan y realizan a pie de calle la labor de protección, con salarios apropiados. El acierto de la creación del Centro Universitario de la Policía por parte del Ministerio del Interior ofrece una excelente palanca académica para avanzar en esta línea.
También podríamos fijarnos más en lo que otros países están haciendo, volviendo al componente humanista del servicio público policial, a su sentido auténtico en un Estado social y democrático de derecho. La Policía que queremos no es la de Fernando VII, ni la de Primo de Rivera, ni la de Franco. Es necesario progresar y no retroceder a la oscuridad del pasado.
Dos historiadores españoles han dedicado sendos ensayos a la gestión del pasado y las conmemoraciones: Javier Moreno Luzón con su Centenariomanía y José Álvarez Junco con Qué hacer con un pasado sucio. La administración de la memoria compartida influye en nuestra propia comprensión contemporánea, permite señalar aciertos y errores, al tiempo que nos ayuda a poner a cada persona y decisión en su contexto de sombras y luces.
Ricardo Rivero Ortega no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.