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El Tribunal Superior de Londres ha concedido a Julian Assange permiso para apelar la orden del Ministerio del Interior británico sobre su extradición a Estados Unidos acusado de uso indebido de ordenadores y de múltiples cargos en virtud de su Ley de Espionaje.
Sin embargo, la sentencia favorable tiene una pega: Estados Unidos puede detener la apelación si presenta garantías adecuadas sobre el trato a Assange, incluida la garantía de la libertad de expresión.
El panel de dos jueces rechazó algunos de los motivos argumentados por el equipo jurídico de Assange y aceptó otros. Han dado de plazo hasta el 16 de abril al gobierno estadounidense y al ministro del Interior para que ofrezcan garantías en relación con los motivos de apelación aceptados. Sin garantías, se concederá la autorización para apelar. Si se presentan garantías, el tribunal celebrará otra vista el 20 de mayo.
El tribunal rechazó los siguientes motivos de apelación:
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que la extradición sería incompatible con el tratado de extradición entre EE.UU. y el Reino Unido (esto se refiere esencialmente a la alegación de que los cargos son por delitos políticos),
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que la extradición está prohibida porque implica el procesamiento por una opinión política,
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que la extradición es incompatible con el artículo 6 (derecho a un juicio justo) o el artículo 7 (prohibición de retroactividad de la ley penal) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH),
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que la extradición es incompatible con el artículo 2 (derecho a la vida) o el artículo 3 (prohibición de la tortura o de los tratos inhumanos o degradantes) del CEDH.
Los motivos aceptados provisionalmente por el tribunal son:
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que la extradición es incompatible con el artículo 10 (libertad de expresión) del CEDH,
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que la Ley de Extradición del Reino Unido prohíbe la extradición en los casos en que el acusado pueda verse perjudicado por motivos de nacionalidad,
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que existe una protección inadecuada del principio de especialidad (que una persona sólo puede ser acusada de los delitos enumerados en la solicitud de extradición) y contra la pena de muerte.
Los motivos del recurso son en cierto modo sorprendentes, dado que la sentencia del Tribunal de Distrito de 2021 decidió que no debía permitirse la extradición porque sería opresiva.
En la vista de autorización para apelar, parece que el tribunal fue persuadido por los argumentos de que Assange está siendo acusado por acciones que son actividades periodísticas normales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha dictaminado que la extradición vulnere la libertad de expresión, por lo que este caso podría suponer un importante avance en la legislación en virtud del CEDH.
La cuestión del perjuicio por razón de nacionalidad parece estar relacionada con las alegaciones de que Assange, como no nacional de EE.UU., no podría ampararse en las protecciones de la Primera Enmienda en materia de libertad de expresión.
El tribunal ha pedido nuevas garantías porque los motivos del recurso están fuera de las garantías que el gobierno de EE.UU. dio en 2021, en respuesta a la sentencia del Tribunal de Distrito.
La sentencia abre la puerta a una apelación completa. Se fijarán las fechas de las vistas, pero es probable que la vista se celebre a finales de este año.
Si la apelación prospera, el proceso de extradición habría terminado. En ese momento, Assange saldría de la prisión de Belmarsh y probablemente sería deportado a Australia.
Si la apelación fracasa, podría pedir permiso para recurrir ante el Tribunal Supremo del Reino Unido.
Si se le deniega el permiso o fracasa una nueva apelación, en ese momento habría agotado todos los recursos posibles en el Reino Unido.
Es probable que los US Marshals intenten expulsar a Assange a Estados Unidos lo antes posible una vez que haya agotado sus recursos en el Reino Unido. Para evitarlo, su equipo jurídico presentará una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los abogados de Assange presentaron una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2022, pero la solicitud fue declarada inadmisible sin motivos publicados el 13 de diciembre de 2022, probablemente porque aún no había agotado los posibles recursos en el Reino Unido.
Una vez que Assange haya agotado su último recurso posible ante los tribunales británicos, probablemente se declararía admisible una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud irá acompañada de una petición de medidas cautelares urgentes para obtener una orden que prohíba al Reino Unido extraditar a Assange hasta que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre su caso.
Las medidas cautelares sólo suelen concederse en casos relacionados con el derecho a la vida o la prohibición de la tortura o los tratos inhumanos o degradantes. La sentencia del Tribunal de Distrito de 2021 dictaminó que no debía ser extraditado porque sería opresivo. Los hechos en los que se basó dicha sentencia, a saber, que las probables condiciones de reclusión en Estados Unidos aumentaban el riesgo de que Assange intentara suicidarse, podrían respaldar una reclamación en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos de que la extradición violaría su derecho a no sufrir tratos o penas inhumanos o degradantes.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Alice Edwards, dijo antes de la vista de febrero que las condiciones a las que se enfrentaría Assange podrían equivaler a tortura u otras formas de malos tratos o penas.
La semana pasada, surgieron informes de que el gobierno estadounidense consideraría la posibilidad de ofrecer a Assange un acuerdo de culpabilidad que le permitiría salir de prisión en función del tiempo que ya ha cumplido en Belmarsh.
Los abogados estadounidenses de Assange declararon entonces que el gobierno estadounidense no se había puesto en contacto con ellos, y nadie relacionado con Assange ha hecho más comentarios.
Con la perspectiva de que los procedimientos judiciales continúen durante meses o años, un acuerdo de culpabilidad puede empezar a parecer un resultado razonable para todos los implicados.
Holly Cullen no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.