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36,2 millones de votantes potenciales, cuatro millones más que en 2020, y en torno al 15 % del total del electorado estadounidense. Este es el peso que tienen los hispanos en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, unos comicios que prometen ser difíciles para el presidente Biden.
Es cierto que, tradicionalmente, no todos los estadounidenses mayores de 18 años de origen hispano están registrados para votar, y su tasa de participación sigue siendo inferior a la de otros grupos. Esto reduce en cierta medida el impacto político de la minoría más numerosa de Estados Unidos.
Sin embargo, este “gigante”, que aún no se ha despertado del todo, es cada vez más importante. En California y Texas, estos votantes potenciales representan un tercio del electorado. También pueden inclinar el resultado hacia uno u otro partido en algunos estados indecisos, como Arizona. Ningún candidato quiere “perder” estos votos.
Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), en base a los votantes registrados, se espera que 17,5 millones de hispanos, un 11 % del total –y un 6,5 % más que en 2020–, voten el 5 de noviembre.
Una comunidad que tradicionalmente ha tendido a apoyar a los demócratas
Históricamente, la muy heterogénea minoría hispana ha votado mayoritariamente al Partido Demócrata. Hay, sin embargo, algunas excepciones colectivas, sobre todo grupos procedentes de Cuba y, en menor medida, de Nicaragua y Venezuela, tres países gobernados por líderes de orientación marxista.
No obstante, elección a elección, el Partido Republicano puede presumir de haber llegado al 20-30 % del electorado hispano. Los resultados fueron mejores en los casos de Ronald Reagan en 1984 (37 %), George W. Bush en 2004 (un récord del 40 %), o incluso el 38 % de Donald Trump en 2020. Los valores tradicionales defendidos por los republicanos se corresponden con aquellos a los que se adhieren generalmente los hispanos desde un punto de vista cultural. El terreno ganado recientemente por los republicanos, visible en las elecciones locales o en el Congreso federal, no les permite sin embargo romper la barrera del 50 % a nivel nacional.
Además de las diferencias de origen ya mencionadas, existen disparidades de género (los hombres latinos tienden a votar más a los republicanos que las mujeres) y de nivel educativo o social (los votantes con escasa cualificación o bajo nivel educativo votaron más a Trump en 2020).
Los sondeos más recientes, realizados en noviembre de 2023 y enero de 2024, no muestran grandes cambios en este patrón, que sigue siendo favorable a los demócratas, aunque los candidatos republicanos a diversos cargos locales o al Congreso federal les resten posiciones.
Según la encuesta realizada por la asociación hispana UnidosUS en noviembre de 2023, las prioridades de los votantes hispanos no han cambiado mucho desde anteriores elecciones: la inflación, el empleo y la economía, la sanidad, la delincuencia y las armas y, por último, el coste de la vivienda. En todos estos temas, la mayoría de los votantes afirma que el Partido Demócrata parece responder mejor a sus preocupaciones.
La Administración Biden lo ha entendido claramente. Así, en otoño de 2023 lanzó una campaña de seducción, recordando las medidas generales adoptadas en el marco de su política socioeconómica (Bidenomics), de las que se han beneficiado los hispanos.
La creación de 13,5 millones de empleos –de los cuales cuatro millones están ocupados por latinos–, la ayuda a la apertura de pequeñas empresas y el aumento del número de hispanos con acceso al seguro de enfermedad contribuyen a mejorar el nivel de vida de esta minoría. El secretario de Sanidad, Xavier Becerra, así como la Administradora de la Agencia Federal de Pequeños Negocios, Isabella Casillas Guzmán, son también hispanos, lo que demuestra la opción política que persiguen estos nombramientos.
Los jóvenes –votantes o futuros votantes– se han beneficiado de las ayudas a la educación, la inversión en las escuelas y las becas. Por último, los votantes hispanos apoyan abrumadoramente el derecho al aborto, que el Partido Demócrata ha defendido. Sin embargo, la buena salud económica del país apenas se nota en el día a día: la inflación y el coste de la vivienda provocan críticas y cierto descontento.
Menos interés por el tema de la inmigración
Actualmente, los dos partidos se desgarran violentamente por la cuestión de la inmigración y la gestión de los flujos en la frontera con México, y el Partido Republicano no escatima en gastos para atacar lo que considera la inacción del presidente ante la avalancha de inmigrantes en la frontera (acciones legales, transporte de inmigrantes a municipios demócratas, campañas en los medios de comunicación y en las redes sociales, etc.). Sin embargo, este tema, que sigue siendo sensible para el electorado hispano, parece tener menos importancia que en el pasado, eclipsado por las preocupaciones de la vida cotidiana.
Cuando se les pregunta por la obtención de la nacionalidad estadounidense, los encuestados de UnidosUS dan preferencia, a largo plazo, a los inmigrantes que entraron en Estados Unidos siendo niños y de forma ilegal. Parece que los hispanos siguen priorizando el DREAM Act de 2001, rechazado sistemáticamente por el Congreso cada vez que se ha presentado y que Obama intentó imponer mediante una medida ejecutiva temporal (DACA), junto con utilizar la misma vía de naturalización para los inmigrantes ilegales que llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos.
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El aumento de la seguridad fronteriza e incluso la finalización del muro con México parecen ser mucho menos importantes. Cualquier programa de deportación masiva es ampliamente rechazado. En otras palabras, los violentos debates políticos sobre las medidas tomadas –o no tomadas– por la Administración Biden en relación con los recientes flujos migratorios, que han aumentado bruscamente desde que el demócrata llegó al poder, no parecen tener un impacto significativo en el conjunto de la minoría.
Solo el 28 % de los adultos hispanos (tanto los votantes como los que aún no son ciudadanos estadounidenses) afirma seguir regularmente las noticias sobre la frontera. Esto significa que, para la gran mayoría, no es una preocupación cotidiana. Pero Biden no puede permanecer insensible ante una cuestión que salta regularmente a los titulares.
Más indulgentes que la población categorizada como blanca por el censo, pero más severos que los afroamericanos, un 38 % considera que el gran número de migrantes que intentan cruzar la frontera entre EE. UU. y México es una crisis real. La misma proporción lo rebaja a “problema importante”. El 74 % piensa que el Gobierno de EE. UU. está gestionando el asunto mal o muy mal, y el 47 % cree que la situación migratoria en la frontera está generando más delincuencia.
Joe Biden en un aprieto
El Gobierno de Biden tiene muy poco margen de maniobra en la cuestión migratoria. Mientras que el Partido Republicano tiene ahora una posición más o menos unificada sobre el rechazo de la inmigración ilegal, el presidente se encuentra atrapado entre dos aguas. Por un lado, el ala izquierda de su partido, los demócratas latinos y los grupos de derechos humanos y civiles abogan por una política enérgica de acogida de inmigrantes y un mecanismo para la eventual naturalización de ciertos inmigrantes ilegales. Por otro, están quienes consideran que esta afluencia masiva de inmigrantes tiene repercusiones negativas en las comunidades que los reciben, en la frontera o en otros lugares del país.
Todo ello en un contexto de escasez crítica de jueces y agentes federales en la frontera y en los servicios de inmigración. Se han llevado a cabo contrataciones pero, tras los recortes efectuados por el anterior gobierno, el proceso lleva tiempo y requiere fondos que el Congreso se niega a conceder.
A esto se suman los incesantes procesos judiciales de los republicanos, que bloquean la aplicación de muchas decisiones, el bloqueo en el Congreso –en particular en la Cámara de Representantes– de la amplia reforma del sistema de inmigración que tanto George W. Bush como Barack Obama ya decían que no funcionaba, y las medidas autoritarias adoptadas por algunos gobernadores republicanos.
Los de Texas y Florida, en particular, están enviando inmigrantes a las ciudades del norte. Texas ha llegado a tomar el control de parte de la frontera, a expensas de la Patrulla Fronteriza, que depende del gobierno federal, en un tira y afloja entre las autoridades federales y estatales sin precedentes desde el siglo XIX.
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Además, la voluntad de los republicanos del Congreso de forzar a la Administración a tomar medidas coercitivas en la frontera a cambio de un acuerdo sobre la ayuda a Ucrania pone al presidente Biden en una posición insostenible. Tiene muy pocas opciones, ya que todas las medidas requerirían recursos financieros y humanos que el Congreso no le daría, o bien un acuerdo con México para volver a la política de Trump de mantener a los migrantes al otro lado de la frontera, un trato que México no parece dispuesto a renovar.
Lo único que ha conseguido es aumentar el número de respuestas favorables a las solicitudes de asilo y conceder a los inmigrantes venezolanos en situación irregular el derecho a trabajar temporalmente en Estados Unidos en el marco del programa Estatus de Protección Temporal creado en 1990 para los nacionales de países asolados por la violencia o las catástrofes naturales.
Un improbable giro de 180 grados de Donald Trump
Así, la cuestión migratoria se ha convertido en un quebradero de cabeza insoluble. Y los votantes hispanos, algunos de los cuales llevan varias generaciones viviendo en Estados Unidos, también se interesan por otros asuntos que les preocupan a diario. Precisamente por eso, el presidente Biden está haciendo hincapié en sus políticas sociales y económicas, con la esperanza de conservar su favor en las elecciones de noviembre.
A pesar de los estruendosos anuncios de la prensa y de los think tanks conservadores, no es seguro que los votantes hispanos, incluso los decepcionados, se unan mayoritariamente al bando republicano en las próximas elecciones presidenciales. El peligro para Biden sería, sin embargo, una baja participación por su parte.
Isabelle Vagnoux no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.