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Cuando se habla de la inmigración desde un punto de vista político, ciertos conceptos persisten en la conciencia comunitaria y en el posterior discurso social. En este ámbito, el discurso sobre la inmigración pasa a adoptar medidas tangibles (relacionadas con las preocupaciones cotidianas) y tiene un peso significativo.
Examinar la inmigración irregular junto con la propuesta de utilizar a la Armada en el panorama actual, desde un punto de vista político, profundiza en la correlación entre la inmigración y la regulación.
Este debate tiene importantes ramificaciones para la unidad social y los derechos humanos, ya que España se enfrenta a una afluencia sin precedentes de llegadas a las Islas Canarias y a desafíos relacionados con los marcos de reubicación.
Es innegable que existe una crisis en las llegadas a las Islas Canarias, que han superado las capacidades de acogida. Esta situación no hace más que revelar la necesidad de una gestión más efectiva de los flujos migratorios y de una atención urgente, como sería el establecimiento de un protocolo de acogida e integración que revele un ejercicio de coordinación nacional.
Si la Armada tomara cartas en el asunto y esta medida saliera adelante, se enmarcaría en operaciones anteriores como FRONTEX y EUNAVFOR Sophia, que se han llevado a cabo con un enfoque de seguridad marítima y rescate. Esto quiere decir que, según el convenio SOLAS, las operaciones navales están obligadas a rescatar a personas en peligro en el mar, lo que significa que la Armada no actuaría como un repulsor de inmigrantes (no podría), sino como un rescatador en cumplimiento de obligaciones humanitarias.
Manipulación política
Sin embargo, el debate al que el Partido Popular se ha enfrentado estos últimos días no es al rescate de vidas en el mar, sino a una propuesta que el senador Miguel Tellado (PP) describe como “desplegar embarcaciones que impidan la salida de cayucos”. Esta estrategia discursiva busca reforzar la percepción de amenaza para justificar medidas de control extremas y punitivas..
La manipulación política de estos temas puede movilizar el apoyo hacia partidos que promueven ideas de “políticas de mano dura” que finalmente no van a ninguna parte. De momento, no es función de la Armada “impedir” las salidas de cayucos.
Esta retórica también tiene como objetivo movilizar a los votantes conservadores y nacionalistas, quienes son más propensos a apoyar políticas estrictas de control migratorio. Al vincular la inmigración con la criminalidad, se refuerza una narrativa de defensa de la identidad nacional, presentando a los inmigrantes como una amenaza a los valores culturales y la cohesión social.
La utilización de la seguridad en el discurso político sobre la inmigración tiene consecuencias, y este enfoque no solo estigmatiza a los inmigrantes, sino que también ahonda en actitudes de rechazo y discriminación.
En lugar de abordar los desafíos migratorios desde una perspectiva humanitaria y de derechos humanos, este tipo de discursos refuerza divisiones y tensiones sociales. Tras las llegadas de embarcaciones a las islas y distintos naufragios, todavía no hay un discurso político que hable de rescatar vidas. Ni mucho menos sobre los protocolos de seguimiento de reubicación de las personas a su llegada a Europa.
No se habla de cómo resolver la cuestión migratoria. Se habla del miedo y la defensa en un contexto de un ataque.
Es importante que los líderes políticos actúen con responsabilidad y basen sus políticas en datos y análisis rigurosos, más allá de recurrir a narrativas simplistas que no solucionan nada. La evidencia muestra que políticas migratorias restrictivas no necesariamente conducen a una mayor seguridad, y en muchos casos, pueden tener el efecto contrario.
Más allá del debate
Desplegar a la Armada para controlar la inmigración desde un marco jurídico, en España, y el empleo de esta en tareas de control migratorio está regulado por leyes estrictas que limitan su intervención en asuntos de orden público. Este tipo de despliegue requeriría modificaciones legales, por lo que no es posible establecer desde un debate político esta medida.
Dado que la Armada tiene la capacidad logística y los recursos necesarios para llevar a cabo operaciones complejas, su formación y enfoque están orientados hacia la defensa nacional, no hacia el control fronterizo y la gestión de migrantes, lo que limita su efectividad.
¿Y si la Armada rescatara vidas en el mar?
La militarización de las fronteras no necesariamente reduce la inmigración irregular. Estudios indican que medidas de control estrictas pueden llevar a los migrantes a buscar rutas más peligrosas y costosas, incrementando los riesgos humanos.
La presencia militar en las fronteras puede generar tensiones tanto a nivel local como internacional, afectando las relaciones diplomáticas con países vecinos y exacerbando los conflictos sociales internos, como ya lo hizo Trump con México en 2019.
Sobre el perfil de las personas que buscan llegar a Europa mediante vías irregulares, muchas de ellas son potenciales solicitantes de protección internacional. La mayoría de estas personas huyen de conflictos, persecuciones y situaciones extremas en sus países de origen. Ignorar este aspecto y tratarlos únicamente como amenazas potenciales es una grave simplificación que deshumaniza su situación y viola los principios básicos de los derechos humanos.
Quizás, si el debate se centrase en la búsqueda de soluciones reales, en origen, donde el conflicto expulsa a las personas, y se basara en la búsqueda de derechos para abordar los desafíos migratorios, habría un enfoque más claro.
La propuesta de desplegar a la Armada para controlar a la inmigración irregular no es viable tal y como ha sido expuesta, pero quizás, si se lograra cambiar la cuestión logística y legal de la Armada, podría ser una vía para el rescate de vidas en el mar.
Cecilia Estrada Villaseñor no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.