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El resultado de las elecciones en Venezuela no fue precisamente una sorpresa. Anunciado el 29 de julio por el Consejo Nacional Electoral, al día siguiente de los comicios, señalaba como ganador al actual presidente Nicolás Maduro, con cerca del 51 % de los votos. La trayectoria de los últimos meses ha dejado claro que el gobierno no estaba dispuesto a respetar uno de los principios básicos del régimen democrático: la lógica de la circulación de las élites dirigentes. Sin embargo, el resultado crea una situación política compleja con efectos globales y regionales.
Con la inhabilitación de María Corina Machado, ex diputada por el partido Primero Justicia, el diplomático de carrera Edmundo González Urrutia, miembro de la coalición Mesa de Unidad Democrática, asumió el liderazgo de la oposición. A pesar de su menor perfil político, se le consideró ganador hasta los sondeos a pie de urna.
La forma en que se anunció el resultado, haciendo caso omiso de los protocolos, y sobre todo la reacción del gobierno ante dudas legítimas, confirmaron los temores. La investidura presidencial está prevista para el 10 de enero, pero la oposición sigue sin aceptar el resultado y ha puesto a disposición copias de las actas que demostrarían el fraude.
La disputa se centra en el resultado de las elecciones y las actas se han convertido en su símbolo. Las manifestaciones en las calles ya han provocado muertos y detenciones. Maduro anunció que María Corina y González habían pirateado el sistema electoral y que debían entregarse.
La maquinaria represiva del Estado venezolano (que avanza más rápido que los procesos de negociación y presión internacional), combinada con una oposición que se ha mostrado movilizada y representativa, señalan un camino turbulento.
El resultado de las elecciones venezolanas forma parte de un largo proceso de fragilidad democrática, que ha marcado no sólo la política nacional, sino también la regional. La polarización política, especialmente tras la elección de Hugo Chávez en 1999, ha estado en el centro de las relaciones bilaterales y multilaterales en América Latina y el Caribe, con un gran impacto en la cooperación regional y los proyectos de integración.
Los mecanismos de promoción y protección de la democracia –como las comisiones electorales y las cláusulas democráticas– y de mediación y resolución de conflictos se han erosionado y han perdido legitimidad.
Actualmente no existen en la región mecanismos institucionalizados para hacer frente a las crisis políticas. Las iniciativas ad hoc, como el Acuerdo para la Promoción de los Derechos Políticos y las Garantías Electorales y para la Garantía de los Intereses Vitales de la Nación, firmado el 17 de octubre de 2023 en Barbados (Acuerdo de Barbados), han sido ineficaces.
La polarización política es un fenómeno global. Aunque el auge de la extrema derecha es el fenómeno más reciente, Venezuela es un caso ejemplar de autoritarismo de izquierdas, donde el discurso de la inclusión se ha convertido cada vez más en mera retórica con el paso de los años. Los elementos emancipadores del proyecto chavista se ven superados por estas prácticas represivas y autoritarias. Las elecciones son a menudo un procedimiento formal que mantienen los gobiernos sólo para legitimar su permanencia en el poder.
La reacción internacional a las elecciones indica cómo la crisis ha adquirido proporciones globales en el actual contexto de disputa hegemónica e intensificación de los conflictos geopolíticos. Por un lado, EE. UU. y la Unión Europea no han reconocido el resultado y exigen la presentación del acta electoral, basándose en el dictamen de la comisión de observación electoral del Centro Carter y, más recientemente, en el informe preliminar del Grupo de Expertos de la ONU, publicado el 14 de agosto.
Por otra parte, China, Rusia e Irán reconocieron inmediatamente la victoria de Maduro, lo que indica una división definitoria en disputa. Algunos apuntan a una división Norte/Sur, otros entre países democráticos y autoritarios, otros entre zonas de influencia de China o Estados Unidos.
En la región de América Latina y el Caribe, prevalece la división político-ideológica: Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras reconocen la victoria de Maduro, mientras que Chile, Uruguay y Costa Rica, entre otros, señalan fraude. Brasil, Colombia y México intentan mediar en la situación de forma colectiva.
Alicia Bárcena, ex secretaria general de la CEPAL, busca la mediación de EE. UU. Colombia se ve especialmente afectada por los flujos migratorios y de refugiados, así como por las relaciones de Maduro con los grupos paramilitares.
Para el gobierno de Lula en Brasil, cuyo objetivo en política exterior es recuperar el liderazgo regional, el desafío es enorme, ya que el desacuerdo sobre la cuestión venezolana impregna la coalición interna construida para derrotar a Bolsonaro.
La crisis que se ha generado es, por un lado, expresión de la fragilidad de las instituciones globales y regionales para tratar temas de la agenda democrática y de derechos humanos; por otro, le afecta la ausencia de estos mecanismos.
En innumerables casos a lo largo de las últimas décadas, las instituciones internacionales han podido contribuir en situaciones en las que la legitimidad de las instituciones nacionales era débil o inexistente. La supervisión electoral extensiva es un claro ejemplo de ello. Los derechos humanos son un pilar central que puede limitar el uso de la violencia.
La reconstrucción de instituciones regionales robustas, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Unión Africana (UA), con agendas que tengan un impacto real en la vida social y que permitan generar consensos mínimos para la acción internacional, es hoy claramente necesaria.
De esta manera, la región podría continuar su camino de contribuir a la construcción de la gobernabilidad global y, al mismo tiempo, evitar que América Latina se vea envuelta en la disputa sistémica entre Estados Unidos y sus aliados, y China y sus aliados.
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Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.