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El aumento de la llegada irregular de refugiados africanos a España a través de la frontera canaria en los últimos meses (21 640 en el primer semestre de 2024 según Frontex) obliga a preguntarse por las condiciones que originan que tantas personas arriesguen la vida en una ruta tan mortífera.
La legítima aspiración a prosperar personal y familiarmente siempre está detrás del fenómeno de la movilidad humana. Pero es la ausencia de vías legales y seguras para alcanzar Europa la que explica, en parte, el carácter tan dramático que adopta actualmente la migración desde África. A esto es necesario añadir las situaciones políticas, económicas y medioambientales de los lugares de origen.
Este artículo se centra en la coyuntura actual de la mitad occidental del Sahel, de donde procede la mayoría de los arribados a las islas Canarias (principalmente de Mali, Senegal y Mauritania, además de Marruecos). Estos países están experimentando profundos cambios políticos y geoestratégicos, en algunos casos muy violentos y con una clara dimensión regional. A todo ello se suman los efectos, a menudo imprevisibles, de los cambios medioambientales.
Democracias fronterizas
Los países atlánticos de la franja saheliana, recientemente visitados por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, son actualmente los países más estables de la región. No obstante, las elecciones de 2023 en Senegal que dieron la victoria al joven candidato de una coalición renovadora, estuvieron a punto de descarrilar por el empeño del entonces presidente, Macky Sall, de posponerlas indefinidamente: solo fuertes movilizaciones sociales pudieron impedirlo.
El actual presidente de Gambia, Adama Barrow, ganó sus primeras elecciones en 2016 con la promesa de revertir las políticas autoritarias de los 22 años anteriores, dominados por el coronel Yahya Jammeh. En Mauritania, el presidente Gazhouani ha vuelto a ganar las elecciones en junio de 2024, consolidando la transición política representada por los anteriores comicios; el movimiento antiesclavista, liderado por Biram Dah Abeid, ha puesto en duda, sin embargo, la limpieza de estas elecciones. Ambos países son considerados parcialmente libres en el índice de Freedom House.
En unos países donde la renta per cápita va de los 3 163 dólares de Gambia o los 4 833 de Senegal a los 6 934 de Mauritania (el de España es de 52 779), las remesas de los emigrantes constituyen una fuente de recursos fundamental: la diáspora proporciona el 9,5 % y el 26,8 % del PIB de Senegal y Gambia respectivamente. Por otra parte, las principales exportaciones de la región son el hierro mauritano y la pesca, mayoritariamente explotadas por grandes empresas extranjeras.
El descubrimiento de petróleo y gas, primero en Mauritania y más recientemente en Senegal, así como las condiciones favorables para las energías renovables, han generado tanto expectativas como temores de que se reproduzca también aquí la maldición de los recursos.
Las nuevas autoridades de Senegal pretenden renegociar, en un sentido más justo para el país, los contratos de petróleo y gas, así como los acuerdos de pesca con la Unión Europea, de los que son fundamentales beneficiarios los pesqueros españoles.
Yihadismo, golpes de Estado y nuevas alianzas
Las juntas militares que gobiernan actualmente Mali, Burkina Fasso y Niger llegaron al poder en una serie de golpes de Estado iniciados en Mali en agosto de 2020 y mayo de 2021. A principios del año siguiente le llegó el turno a Burkina Fasso y en julio de 2023 a Níger. El contexto de estos cambios de gobierno, recibidos inicialmente con entusiasmo por una sección de la población, es la situación de violencia armada generalizada que vive la región.
En estos conflictos se enfrentan los ejércitos nacionales, apoyados hasta entonces por una coalición militar regional liderada por Francia, con grupos yihadistas afiliados al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, identificados con Al-Qaeda) y al Estado Islámico en el Sahel. Son los territorios en torno a la triple frontera desde donde se han ido extendiendo los ataques y enfrentamientos hacia toda Burkina y gran parte del sur de Mali.
En el caso de este último también existe un movimiento armado tuareg que exige la autodeterminación del Azawad, como denominan a la parte norte de Mali. Y en este contexto de violencia generalizada existen innumerables milicias locales de autodefensa con distintas alianzas con los anteriores.
Los nuevos gobiernos de Assimi Goïta (Mali), Ibrahim Traoré (Burkina Fasso) y Omar Tchiani (Níger) llegaron al poder con la promesa de acabar con la insurgencia yihadista y también con la presencia neocolonial francesa. Todo ello ha derivado en la retirada de las tropas por parte de París en los tres países, el fin de la Misión de Naciones Unidas en Mali y el acuerdo militar de Níger con Estados Unidos. El Gobierno nigerino, además, ha retirado la ley aprobada en 2016 a instancias europeas y que criminalizaba el transporte de migrantes.
Al mismo tiempo, se ha producido un profundo cambio de alianzas externas, con acuerdos con Moscú y la presencia del grupo de mercenarios rusos Wagner.
Otros gobiernos, como los de Turquía, Irán y Marruecos, compiten también por aumentar su presencia económica y militar en la región. Los tres países sahelianos han formado una Alianza de los Estados del Sahel frente a las sanciones (parcialmente levantadas) de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS) y han anunciado su intención de retirarse de la misma.
A pesar de estos profundos cambios geopolíticos, los nuevos gobiernos militares no parecen estar siendo más eficaces que los depuestos en garantizar la seguridad y la prosperidad de sus países. Como consecuencia, tienen lugar las atrocidades contra la población local y en tránsito, no solo por parte de los grupos yihadistas y otras milicias, sino de las fuerzas armadas y sus nuevos aliados rusos.
Solo el Diálogo Inter-Maliense para la Paz y la Reconciliación Nacional abre una esperanza tanto a la democratización de este país como a futuras negociaciones entre distintos grupos armados.
Los tres países se encuentran entre los cinco últimos puestos de los 189 del Índice de Desarrollo Humano. Ello a pesar de contar con importantes riquezas mineras: solo en Burkina Faso se produce oro, zinc, cobre, manganeso y fosfatos, mientras que Níger y Mali son principales productores de uranio, fundamental en la energía nuclear promovida ahora por Francia. Estos recursos se comercializan en los mercados internacionales por vías tanto reguladas como ilegales. En estas redes también transitan armas, drogas y personas con enorme peligro para su vida e integridad física.
La necesidad de repensar las relaciones euro-africanas
Probablemente el desconocimiento de la complejidad y la gravedad de las dinámicas políticas en el Sahel, caracterizadas esencialmente por una ciudadanía y unos contratos sociales muy limitados, han contribuido a que no aflore la empatía y solidaridad con la que se recibió a 150 000 refugiados ucranianos tras la invasión rusa. Eso a pesar de la responsabilidad que autoridades y grupos económicos europeos (entre otros) tienen en la configuración política de estos países.
La avidez por hidrocarburos, minerales y recursos como la pesca, la lucha contra el yihadismo y la fortificación de las fronteras exteriores de la Unión Europea han contribuido al reforzamiento de gobiernos que responden más a intereses externos que a sus propios nacionales.
En ese contexto, grupos políticos de muy distinto tipo están poniendo en cuestión, por vías tanto democráticas como armadas, las formas de gobierno y hasta la configuración de los actuales Estados. Al mismo tiempo, los nuevos gobiernos están renegociando y hasta rompiendo viejas alianzas exteriores y reforzando las alternativas ofrecidas por Moscú, Beijing y otras capitales. Estas últimas estrategias, por el momento, no parecen estar contribuyendo a la solución de los conflictos en países como Mali o Burkina Faso.
Ante este panorama tan movedizo como inseguro es previsible que aumente la habitual movilidad en la región y también el número de personas que buscan refugio en Europa. Pero el blindaje de las fronteras, junto a las dificultades para conseguir un visado de entrada, difícilmente pueden considerarse respuestas adecuadas a la enormidad de los dramas humanos que se viven en el Sahel.
Alicia Campos Serrano es socia de varias ONG: ACNUR, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Madre África y UNICEF, y colabora puntualmente con CEAR y Save the Children.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.