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El 2023 fue un año movido en el terreno político. Una gran mayoría de españoles y españolas estuvieron llamados a votar en unas elecciones, ya fueran municipales, autonómicas o generales.
Más allá de la coincidencia del año electoral, que en las locales y autonómicas fueron el mismo día en algunos casos, lo que muchos votantes se preguntaban ante las elecciones generales en julio (tuvieron lugar en plenas vacaciones para parte de la ciudadanía y en plena ola de calor) era por qué no podían votar telemáticamente.
Pues bien, el primer motivo es el jurídico. Por el momento, la legislación vigente no permite que las elecciones se puedan llevar a cabo de manera digital. En el caso que las Cortes Generales aprobaran una ley o reformasen la normativa actual, sí seria posible. Aunque se necesita una mayoría aplastante en las dos cámaras, se podría llegar a un consenso.
El difícil acceso a la e-administración
La segunda justificación es la brecha digital. Hoy en día existen colectivos que o bien no tienen acceso a internet, o bien lo tienen pero no pueden manejarse con facilidad y soltura por todos los vericuetos de la administración electrónica. Esta debilidad no solo está presente en unas supuestas elecciones telemáticas, sino en la mayoría de políticas públicas de España. A modo de ejemplo, según el estudio del INE (2024), en España solo el 37,5 % de los mayores de entre 65 a 74 años ha tenido una interacción con la administración electrónica los últimos 12 meses.
Pensar, diseñar e implementar medidas para el grupo de población no familiarizado con la e-administración es el gran reto del siglo XXI. De hecho, ya se está trabajando para minimizarlo. Si un municipio lleva a cabo un proceso participativo y la ciudadanía quiere presentar propuestas y solo es posible presentarlas de manera online, el ayuntamiento tendrá que articular medidas para intentar minimizar la brecha digital. Por ejemplo, abriendo el departamento de participación unas horas para que la ciudadanía vaya y sea asesorada por el personal público.
Los lectores podrían pensar que en las elecciones presenciales también existe una brecha. Por ejemplo, si hay personas que no pueden salir de casa por cuestiones de salud, de edad u otras, el voto electrónico se lo pondría fácil. Sin embargo, en el caso de la participación online hay más colectivos vulnerables, concretamente seis según los expertos: las personas con discapacidad, las personas en instituciones penitenciarias, las personas sin hogar, las personas jóvenes, los niños y las personas mayores.
¿Y si no quiero dar mis datos?
Hemos hablado de límites legales y de brecha digital. Pero hay un tercer obstáculo para implantar el voto a distancia: los datos. Existe un cierto miedo colectivo a dar datos personales en internet. La falta de control del acceso a estos datos y los posibles hackers informáticos no acompañan a la implementación del voto electrónico. Sobre todo porque, en los últimos años, la administración no se ha librado de los ataques informáticos.
Internet también permite usurpar la identidad. Existe el riesgo de que alguien se haga pasar por nosotros cuando entramos en una aplicación de la administración pública. La manera de minimizar este riesgo sería utilizar espacios seguros con identificación facial y firma electrónica y, sobre todo, que las administraciones inviertan más en la puesta en marcha de nuevas tecnologías. De hecho, ya existen espacios digitales como la plataforma Decidim, entre otras, para la participación ciudadana.
El último escollo es la financiación. Para que todos los problemas anteriores tengan una posible solución hace falta dinero público. El cambio en la legislación sería posible con el acuerdo de las distintas fuerzas políticas, que es “gratis”. Pero para salvar la brecha digital y tener sistemas tecnológicos inexpugnables sería importante una inversión económica.
Países de la UE donde ya funciona
Solo cuatro países de la UE permiten el voto electrónico: Bélgica, Bulgaria, Estonia y Francia –aunque este último, no en todos los casos–. Posiblemente, la cultura política de España –donde las elecciones se convierten en un acontecimiento festivo– y la escasa voluntad política para digitalizar el voto hace que quede siempre relegado a un segundo plano en la agenda política.
De hecho, hay expertos que consideran que la evolución de los sistemas de participación electrónica depende exclusivamente de los cambios en la mentalidad política y administrativa. Otros aseguran que el futuro de las elecciones recae en el voto electrónico, que es el único que permitiría unos comicios completamente limpios y eficientes.
El tiempo dirá si estamos preparados para este sistema. De momento, parece aún lejos de implantarse.
Laia Màrquez Muñoz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.