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Cada vez más países legalizan la muerte asistida voluntaria o eutanasia. Esto permite a un médico, o a veces a un enfermero, administrar medicación para poner fin a la vida de la persona que lo solicite.
En 2023, 282 millones de personas vivían en regiones donde esta opción era legal. Jurisdicciones como los Países Bajos, Bélgica y el estado de Oregón (EE. UU.) cuentan con estas leyes desde hace décadas. Otros países, como Canadá, España, Nueva Zelanda y Australia, han aprobado reformas más recientemente.
La tendencia hacia la legalización continúa. Varios Estados están estudiando activamente esta cuestión, con un fuerte apoyo público. En noviembre, la Cámara de los Comunes del Reino Unido apoyó por primera vez un proyecto de ley de muerte asistida, tras años de intentos fallidos.
Las discusiones sobre la eutanasia suelen estar muy polarizadas. Comprender los factores que la impulsan es esencial para mantener debates basados en la evidencia y para mejorar la atención a las personas con enfermedades graves.
En un estudio reciente, examinamos datos de personas que recibieron la eutanasia en 20 países de todo el mundo. En concreto, nos fijamos en las enfermedades que padecían.
¿Cuáles son las normas?
Las normas legales para la prestación de ayuda para morir varían según el país (también difiere su denominación).
En Australia y Nueva Zelanda sólo está disponible para personas con enfermedades terminales. Por ejemplo, en Australia una persona debe tener una patología avanzada y progresiva que, en general, se espera que cause la muerte en un plazo determinado (de 6 a 12 meses, dependiendo del estado).
Países Bajos, España y Canadá tampoco impiden la muerte asistida a quienes padecen enfermedades no terminales. Canadá la permite a aquellas personas que sufran de forma intolerable afecciones “graves e irremediables”. Aunque la enfermedad no tiene por qué ser terminal, se aplican salvaguardias adicionales cuando la muerte natural no es “razonablemente previsible”.
Dicho esto, la eutanasia para enfermedades no terminales sigue siendo poco frecuente. Por ejemplo, en 2023, el 95,9 % de las personas que accedieron a la muerte asistida voluntaria en Canadá tuvieron una muerte natural razonablemente previsible.
Quién puede administrar la medicación también varía. En Estados Unidos y Suiza, las personas deben tomarla por sí mismas, normalmente tragando un líquido (lo que se conoce como “autoadministración”).
En Quebec (Canadá), son los médicos o enfermeros profesionales quienes deben proporcionarla, lo que suele hacerse por vía intravenosa. En varias jurisdicciones, incluida Australia, existe tanto la autoadministración como la administración por un facultativo.
Nuestra investigación
Junto con un equipo internacional de investigadores, hemos estudiado el papel que desempeña la enfermedad en la eutanasia. Analizamos datos públicos de 20 jurisdicciones de ocho países entre 1999 y 2023.
En general, la mayoría de las personas que accedieron a la prestación de ayuda para morir padecían cáncer (66,5 % de los casos). Las dolencias neurológicas fueron las segundas más comunes (8,1 %), seguidas de las cardíacas (6,8 %) y las pulmonares (4,9 %).
También se analizó qué proporción de personas con cada enfermedad había recibido eutanasia. Aunque las tasas y los criterios de elegibilidad varían según el lugar, los porcentajes para dolencias específicas fueron sorprendentemente consistentes en todas las regiones y periodos de tiempo.
Por ejemplo, las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) –una enfermedad rara, progresiva y mortal que daña el cerebro y la médula espinal– presentaban la tasa más alta. Las personas con ELA accedieron a la eutanasia en una proporción casi siete veces mayor que los pacientes oncológicos.
Por su parte, los enfermos de cáncer tenían cuatro veces más probabilidades de recurrir a la muerte asistida que los pacientes pulmonares, y diez veces más que los cardíacos.
¿Qué nos dice esto?
El cáncer y el ELA, que parecen ser las principales razones por las que las personas acceden a la eutanasia, tienen muy poco en común. Pero ambos suelen causar un deterioro más rápido de la salud y una mayor pérdida de dignidad percibida que otras enfermedades.
Nuestros hallazgos concuerdan con otras investigaciones que demuestran que las personas suelen solicitar la muerte asistida voluntaria porque han perdido autonomía, dignidad o la capacidad de hacer cosas significativas para ellos.
Los detractores de la eutanasia temen que se presione a la gente para que elija esta opción. Una de las preocupaciones es que la gente la escoja debido a la falta de cuidados paliativos. Se trata de cuidados y tratamientos especializados que ayudan a las personas con enfermedades que limitan gravemente su calidad de vida.
Curiosamente, aunque las personas con enfermedades pulmonares o cardiacas recurren menos a los cuidados paliativos que las que padecen cáncer, nuestro estudio reveló que es menos probable que accedan a la prestación de ayuda para morir. Si estuviera motivada por un acceso deficiente a los servicios, esperaríamos tasas más elevadas en el caso de las patologías cardiacas y pulmonares.
Del mismo modo, datos recientes de Canadá y Australia muestran que la mayoría de quienes solicitan la eutanasia reciben cuidados paliativos.
¿Y ahora qué?
Nuestro estudio no descarta que una serie de factores, incluido el escaso acceso a los servicios, puedan influir en algunos casos, pero ayuda a aclarar conceptos erróneos comunes sobre lo que impulsa optar por la eutanasia.
Las investigaciones futuras deberían analizar por qué el cáncer y el ELA representan la mayor proporción de casos. Si la eutanasia tiene que ver principalmente con el rápido deterioro y la pérdida de dignidad, debemos centrarnos en nuevas formas de apoyar a los pacientes que se enfrentan a esos retos.
Y aunque la muerte asistida puede promover la autonomía y la compasión, permitiendo a quienes sufren elegir cuándo y cómo morir, nuestros hallazgos subrayan la importancia de proteger a las personas vulnerables.
Unas salvaguardias sólidas que garanticen que las decisiones son voluntarias y que sólo tienen acceso a ellas las personas que reúnen los requisitos, así como unos cuidados paliativos y de apoyo de alta calidad, son esenciales en cualquier marco de prestación de ayuda para morir.
Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Brandon Heidinger, estudiante de Medicina de la Universidad de Ontario Occidental.
Eliana Close ha recibido financiación del gobierno de la Commonwealth para la investigación y la formación sobre la legislación, la política y la práctica relativas a los cuidados al final de la vida (Australian Department of Health, End of Life Law for Clinicians). En relación con la muerte asistida voluntaria, trabaja en un proyecto Future Fellowship del Australian Research Council financiado por el gobierno australiano (Enhancing End-of-Life Decision-Making: Regulación óptima de la muerte asistida voluntaria, investigador principal, profesor Ben White). También ha trabajado en proyectos financiados por los gobiernos de Victoria, Australia Occidental y Queensland para diseñar e impartir la formación exigida por ley a los profesionales sanitarios implicados en la muerte asistida voluntaria en esos estados.
James Downar ha recibido fondos por consultoría de Joule, Inc. para desarrollar material educativo relacionado con la Asistencia Médica para Morir. Fue presidente no remunerado del Consejo Asesor Clínico de Dying with Dignity Canada, un grupo que aboga por la legalización de la Asistencia Médica para Morir en Canadá.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.