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“El sometimiento de las universidades al poder oficial es un sello distintivo de la autocracia”
Jameel Jafer, abogado especializado en derechos humanos y libertades civiles y director del Knight First Ammendment Institute de la Universidad de Columbia, EE. UU.
El 10 de marzo pasado, el Departamento de Educación federal de EE. UU. envió una carta a 60 universidades de todo el país, entre las que se encuentran Princeton, Stanford, Yale o Harvard, en la que amenazaba con sanciones si no tomaban medidas inmediatas para “proteger a los estudiantes judíos”.
Estas medidas del Gobierno de Donald Trump están fundamentadas en los hechos que empezaron a tener lugar a partir de abril de 2024, cuando se produjeron primero en la Universidad de Columbia y luego se extendieron, en mayo, por todo el país: acampadas estudiantiles pidiendo un alto el fuego en Palestina, cortar lazos con instituciones israelíes y protestar por el papel de Estados Unidos en la guerra.
Así, en un informe de la Universidad de Princeton (mayo 2024) se contabilizaron 1 150 movilizaciones relacionadas con acampadas en 150 universidades y colleges de 35 Estados del país, de las cuales el 95 % fueron pacíficas y se desarrollaron sin incidentes.
Las movilizaciones cobraron fuerza evocando al movimiento estudiantil de los años 60 y 70 contra la guerra de Vietnam. En septiembre de 2024, las universidades estadounidenses, tras recibir presión política, empezaron a impedir activamente estas acampadas.
El caso de la Universidad de Columbia
En la Universidad de Columbia, que fue pionera en estos actos de protesta, se han producido varios hechos significativos: el pasado 7 de marzo, el Gobierno anunció la suspensión de 400 millones de dólares a esa institución. Al día siguiente, la policía del ICE –Servicio de Inmigración y Control de Aduanas– detuvo a Mahmoud Khalil, estudiante de postgrado de origen palestino que había participado en las protestas de 2024 e intercedido entre la policía y los manifestantes.
A Khalil, detenido en la residencia universitaria, se le envió a Luisana y se le comunicó una orden de deportación a pesar de tener residencia permanente y matrimonio con una ciudadana estadounidense. El presidente Trump confirmó el 10 de marzo que firmó la orden de detención y que habrá más detenciones de estudiantes que han desarrollado “actividades proterroristas, antisemitas y antiamericanas”.
El pasado día 13 de marzo, la presidenta de la Universidad de Columbia, Katrina Armstrong, recibió una carta del Departamento federal de Educación que le exigía cumplir nueve condiciones si quería negociar el desbloqueo de 400 millones de dólares. En Harvard, miembros de la comunidad educativa lo llaman “una carta de rescate”.
Entre esas nueve condiciones figura la imposición de sanciones a estudiantes que hayan participado en las protestas de 2024; la adopción de la polémica definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), incluyendo la penalización por “discriminación antisionista”, sea lo que sea que esto significa; la administración externa del departamento de Estudios de Oriente Medio durante al menos cinco años; y la reforma, bajo supervisión federal, de la admisión de estudiantes internacionales. Un profesor de la universidad, Joseph Howley, estimaba que “la mitad de estas condiciones son inviables y la otra mitad, una locura”.
El 13 de marzo, en un intento de apaciguar al gobierno, la Universidad de Columbia anunciaba sanciones muy graves contra 22 estudiantes por la ocupación del edificio Hamilton Hall: suspensión por varios años, retirada temporal o revocación de títulos y expulsión.
Más estudiantes detenidos
Ese mismo día, Khalil y otros siete estudiantes presentaron una demanda en un tribunal federal para impedir que la universidad comparta sus expedientes con la Comisión de Educación del Congreso de EE. UU.
En el transcurso de esa jornada, el ICE rastreó la residencia universitaria de Columbia, y el día 14 de marzo detuvo a una estudiante palestina y otra india, cuyas supuestas “autodeportaciones” celebró la Secretaria de Estado de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Otra mujer, la estudiante turca de la Universidad de Tufts (Massachussetts) Rumeysa Ozturk, fue detenida en Somerville el 25 de marzo por sus escritos en un periódico universitario en el que hablaba del “genocidio palestino” y le pedía a la universidad que no financiara a empresas con vínculos con Israel. Su pasaporte en vigor fue revocado.
El antisemitismo como arma arrojadiza
El argumento que el Gobierno de EE. UU. está utilizando es que las universidades no han protegido a los estudiantes judíos, invocando para ello el Título VI del Acta de Derechos Civiles. Sustancia su evidencia en el aumento de las denuncias por antisemitismo en los campus de las universidades estadounidenses.
Sin embargo, el Acta de Derechos Civiles fue aprobada en 1964 para terminar con la segregación racial de la población afroamericana. El Título VI prohíbe que el gobierno federal financie a instituciones que discriminan por motivo de “raza, color u origen nacional”. Podría ser un instrumento adecuado si no fuera porque las divisiones en los campus no son de tipo racial ni étnico-religioso, sino de tipo político e ideológico.
De hecho, muchos estudiantes judíos han tomado parte públicamente en contra de la guerra. Un ejemplo es el grupo Jewish Voices for Peace, muy activo en los campus, pero también fuera. Precisamente, su última protesta pacífica fue la concentración en el vestíbulo de la Torre Trump, en Nueva York, para pedir la liberación de Khalil.
Escribía el columnista estadounidense Peter Beinart que ese intento de luchar contra el antisemitismo en los campus, loable y necesario, es peligroso porque se basa en introducir una definición acrítica del sionismo procedente de grupos de presión como la Liga Antidifamación (ADL), sin contar con la opinión contrastada de los académicos y académicas que más han estudiado este fenómeno.
Otro profesor, quien no se identificaba por temor a represalias, le respondía que, con o sin la opinión experta del profesorado, el objetivo del gobierno Trump no es más que una excusa para sofocar la libertad académica en la universidad y someterla al control político. Es más, decía, no se puede inferir el aumento del antisemitismo en los campus porque haya más llamadas. Las investigadoras Burley y Bennet que han verificado el fenómeno durante el año 2023, utilizando las cifras proporcionadas por la ADL, concluyeron que cerca de la mitad de esas llamadas (44%) eran bien casos de anti-sionismo no antisemita (17%) o bien casos indeterminados en los que se carecía del contexto necesario para decidir (27%).
Un cambio en la percepción del conflicto
Lo que está ocurriendo claramente en las universidades de EE. UU., y más generalmente entre los jóvenes, es un cambio significativo de su percepción de Israel y del conflicto palestino-israelí. En un país tan cercano a las posiciones israelíes, los jóvenes empiezan a rebelarse contra la imagen idealizada que el cine, los medios de comunicación y la clase política envían de Israel. Justamente es la guerra en Gaza lo que está zarandeando esas convicciones.
Un ejemplo es la producción audiovisual. El documental Israelism (2023) supuso un giro completo, pues relataba cómo dos jóvenes judío-estadounidenses que habían crecido en una cultura profundamente proisraelí cambiaban diametralmente tras visitar los territorios palestinos ocupados. La proyección del documental en los campus fue un auténtico terremoto, con grupos boicoteándola alegando que era antisemita y otros defendiéndola invocando la enmienda constitucional de la libertad de expresión.
Por último, el oscarizado documental No other land (2024), realizado por el director israelí Yuval Abraham y el palestino Basel Adra, relata con imágenes en el terreno el hostigamiento israelí en el sur de Cisjordania. Al recoger los premios, sus directores han pedido el final de la guerra y la ocupación. Si bien el documental no tendrá la difusión de Hollywood, es crucial que la principal industria del cine rompa con décadas de una filmografía abiertamente antiárabe y antimusulmana.
En conclusión, existe un peligro real de que la universidad estadounidense, uno de los emblemas del país y cuna mundial de talento, pierda su esencia más preciada: su libertad y su autonomía.
Rafael Bustos García de Castro no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.