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Este artículo forma parte de la sección The Conversation Júnior, en la que especialistas de las principales universidades y centros de investigación contestan a las dudas de jóvenes curiosos de entre 12 y 16 años. Podéis enviar vuestras preguntas a [email protected]
Pregunta formulada por Macarena, de 14 años. Colegio Maravillas, Benalmádena (Málaga)
A lo largo de la historia, numerosos países se han negado a pagar sus deudas externas, y algunos de ellos incluso en más de una ocasión. Es una situación que ocurre normalmente en momentos críticos: guerras, desastres naturales, profundas crisis económicas, etcétera.
Pero también, en algunos casos, el impago se debe a motivos políticos o institucionales: lo hacen gobiernos que tienen un discurso contra el capitalismo o el mercado. En estos países suele reinar una gran inseguridad jurídica; es decir, una incertidumbre sobre el marco legal, el cumplimiento de las normas y los contratos.
Entre las naciones que más veces han dejado de pagar su deuda externa –e incurrido en lo que los economistas denominamos una situación de “default”– podemos mencionar a Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, México, Perú, Chile, Paraguay, El Salvador, Colombia, Uruguay, Bolivia, Nigeria, Turquía, Grecia y Rusia.
Sin embargo, esta situación no es propia únicamente de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ya que otros estados desarrollados como España, Francia, Alemania, Portugal y Estados Unidos también lo han hecho en diversas ocasiones.
Los problemas crecen
Pero ¿qué sucede cuando los países dejan de pagar sus deudas?
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El primer y mayor problema es la pérdida de reputación frente a sus acreedores y los mercados financieros nacionales e internacionales. Entonces aumenta la prima de riesgo de estos países –es decir, la rentabilidad que los prestamistas exigen a cambio de sus préstamos– y disminuye la confianza por parte de las instituciones, países y particulares que participan en el mercado de crédito. Esto complica la posibilidad de obtener financiación en el futuro.
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El segundo gran problema es la posibilidad de que el país acreedor –el que prestó dinero– proceda a embargar los activos –bienes y derechos que tienen valor y que se espera que generen beneficios en el futuro– del país deudor establecidos en su territorio.
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Y una tercera consecuencia que se sopesa antes de declarar un default son las barreras que pueden poner los países deudores al comercio internacional.
Todos pagan las consecuencias
Recientemente, un estudio de la Open Society Fundations destacó el hecho de que el incumplimiento de deudas no solo tiene consecuencias a nivel macroeconómico, sino también para la “gente de a pie”. Una situación de default puede generar inflación, ya que los gobiernos que incurren en el impago suelen imprimir moneda para poder hacer frente a sus gastos.
Tal como expliqué en un artículo anterior, cuando un Estado imprime dinero así por que sí, se genera una subida de los precios en la economía –lo que los economistas denominamos inflación–. La inflación afecta a las personas, ya que los precios de los bienes y servicios –los alimentos, el transporte, la vivienda, etcétera– aumentan.
Por otro lado, en una situación de default, tanto el Estado como las empresas tienen menos acceso a los préstamos, lo que conduce a los temidos recortes: disminuye el gasto público en salud, educación, infraestructuras y justicia, entre otros, así como la inversión privada de las empresas. Estos recortes de gasto público y gasto de inversión suelen traer aparejados despidos de los trabajadores, lo que implica una mayor tasa de desempleo.
En conjunto, se produce una disminución de la demanda agregada –esto es, el gasto total que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a hacer en un país determinado– y con ello, una situación de recesión económica.
Por todas las razones mencionadas, antes de llegar a una decisión tan drástica como es la de negarse a pagar sus deudas, los países suelen pedir una reestructuración de las mismas, es decir, un cambio en los términos de los contratos relacionados con los préstamos que implique, por ejemplo, alargar los plazos o condonar parte de la deuda. En definitiva, intentará, por todos los medios, negociar otras formas de pago.
El museo interactivo Parque de las Ciencias de Andalucía y su Unidad de Cultura Científica e Innovación colaboran en la sección The Conversation Júnior.
Virginia Rosales no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.